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De terratenientes, latifundistas y medidas económicas

En su trabajo “Educación y sociedad en la Argentina (1880-1945)”, el ex Ministro de Educación de la Nación e investigador en temas educativos, Juan Carlos Tedesco, explica que cuando la argentina de la segunda mitad del siglo XIX ingresó definitivamente a los mercados internacionales en calidad de exportadora de materias primas e importadora de productos manufacturados, fue necesario avanzar en la frontera territorial. Para ello, y con el fin de atender la creciente demanda internacional, fue necesario desarrollar las campañas militares con las que el estado nacional quitó las tierras a los pueblos originarios del sur argentino para destinarlos a incrementar la producción agrícola. Las campañas más destacadas, por su ferocidad y atrocidad, fueron las de Adolfo Alsina y Julio Argentino Roca, desarrolladas durante la década de 1870.
Sin embargo la oligarquía argentina, que debió destinar esas tierras a modificar las condiciones estructurales del país, no hizo más que profundizar el latifundismo en su sentido más amplio. Tedesco lo destaca con los siguientes datos: “La ley de subvención estatal dictada en 1878 otorgaba una legua cuadrada (2.500 hectáreas) por cada $400 colados, exigiendo un mínimo de $ 1.600 para participar, lo cual implicaba que se otorgaba, por lo menos un equivalente a 10 mil hectáreas por contribuyente. La ley de premios, dictada en 1885, con motivo de esa misma campaña, aseguraba a los militares que participaron en ella una determinada extensión, según el grado jerárquico que ocupasen. Los herederos de Adolfo Alsina recibieron 15.000 hectáreas; cada jefe de frontera, 8.000; los jefes de batallón 5.000; los sargentos mayores y jefes de plana 4.000; los capitanes, ayudantes, tenientes primeros y segundos, 2.000; los subtenientes, alféreces, etc., 1.500 hectáreas y cada soldado 100 hectáreas”.
Conclusión: Las tierras arrancadas a las comunidades originarias implicaron una transferencia de tierras fiscales a un grupo muy reducido de manos privadas. Por otra lado, explica Tedesco, de las tierras aptas para el trabajo, como por ejemplo la provincia de Santa Fe, solo una parte fue destinada a la producción y con una característica peculiar: los productores tenían que pagar por el arrendamiento con “monedas de plata u oro, estipulándose claramente la exclusión del peso papel” y con la entrega de “una tercera parte de cada cosecha de trigo” como forma de amortización del capital.
Concentración, especulación financiera, apuesta al metal en detrimento de la moneda de curso legal, la venta de ganado y el negocio del arrendamiento, fueron los rasgos distintivos del período. Con el agravante, señala el ex Ministro citando al historiador Cortés Conde, de que hubo una práctica del proteccionismo económico “al revés”: se gravaban más las materias primas importadas que los productos manufacturados. Es decir: a los importadores les resultaba más económico y rentable importar productos terminados que ingresar las materias primas para desarrollar la industria nacional.
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Productores rurales argentinos.
No es novedad que los problemas estructurales de la economía argentina,  hay que buscarlos en el largo proceso político que el país vive desde el momento de la ruptura con el orden colonial (1810) y a lo largo del siglo XIX. El siglo XX no es más que un reflejo de esas contradicciones irresueltas y las mismas avanzarán hasta el presente exacerbando los conflictos entre una burguesía que puja por acumular espacios de poder y las clases más tradicionales reacias a cualquier cambio estructural.
Axel Kicillof, actual ministro de Economía de la Argentina, a quien despectivamente sus detractores definen como un “marxista” al que temer (aunque sea un especialista en Keynes y su interpretación del marxismo sea un intento de ajustar la teoría con la realidad nacional), tendrá un desafío enorme frente al poder económico. Las condiciones políticas y económicas del país son notablemente diferentes, aunque esos grupos, sintéticamente caracterizados en los párrafos escritos líneas atrás, continúan teniendo el mismo peso y poder en la estructura económica del país.
En ese marco, el sábado 30 de noviembre el diario La Nación publicó en su tapa con cierta dosis de preocupación:“El gobierno pidió a las cerealeras que aporten US$ 2000 millones”. Y en su bajada destacó: “Falta de divisas: Es para aumentar el nivel de las reservas; el monto triplica lo que había reclamado Moreno; en lugar de Baade, las empresas recibirán una letra del Banco Central”.
Y ese planteo es sólo una muestra, bastan unas pocas líneas, de uno de los escritores y periodistas más destacadas que tiene América Latina, para dar cuenta de la regularidades de los grupos de poder a la hora de discutir la política económica. Escribe Eduardo Galeano en la Venas abiertas de América Latina, libro de amplia difusión en la década del ´70 y de renovada lectura en el silgo XXI, que: “Incorporadas desde siempre a la constelación del poder imperialista, nuestras clases dominantes no tienen el menor interés en averiguar si el patriotismo podría resultar más rentable que la traición o si la mendicidad es la única forma posible de la política internacional”.

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